Por Erich Saumeth
En esencia, la sociedad colombiana no ha podido diseñar, desarrollar y aplicar una política pública que le permita entender e implementar -de manera eficaz y eficiente- los conceptos de seguridad, convivencia ciudadana y orden público.
Y lo anterior se refleja en las actuales percepciones que esa ciudadanía tiene y expresa respecto de la seguridad y de cómo la falta de ésta afecta sus entornos más inmediatos y al país en general.
Sin embargo, esas percepciones tienen como sustento situaciones reales que se desarrollan en los territorios y que han incidido de manera directa en el continuo deterioro del orden público, particularmente en el nororiente y suroccidente de esta nación.
198 organizaciones criminales
Esas situaciones se derivan -en primer lugar- del accionar delictivo de las principales cinco organizaciones criminales trasnacionales, es decir del Clan del Golfo (AGC/EGC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las Disidencias de las FARC (EMC/EMB), de las Reincidencias de las FARC (SM) y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), así como de 61 grupos armados organizados y de 130 grupos delincuenciales comunes organizados, sumándosele a los anteriores la creciente presencia de organizaciones como el Tren de Aragua y el Primer Comando Capital (PCC), cuyo accionar genera hechos de violencia socavando también la confianza en la institucionalidad, a pesar del esfuerzo y la lucha que en contra de ellas libran constantemente las Fuerzas Armadas Colombianas..
Pero el incremento de ese accionar, emana a su vez de un crecimiento -especialmente en los últimos dos años y medio- de su presencia territorial y del número de sus efectivos, siendo el Clan del Golfo el más numeroso, pasando de 4.000 a 9.000 efectivos (+125%) y presencia en 316 municipios (otras fuentes indican 392), seguido del ELN, que pasó de 3.000 a 5.000 miembros (+50%) y presencia en 232 poblaciones, y finalmente de las Disidencias y Reincidencias, que sumadas pasaron de 2.300 a 4.000 (73%), con presencia la primera en 209 poblaciones y la segunda en 65.
Mas toneladas, mínima erradicación y nula aspersión
Estas organizaciones son responsables además del constante aumento en el número de hectáreas de coca sembradas, así como en el de toneladas recogidas, gracias, primero, a la suspensión de la aspersión aéreas (que ha fomentado la deforestación y los crímenes ambientales) y de la erradicación manual (cuya meta es de solo 10.000 hectáreas anuales, lo que representa un 80% menos respecto a años anteriores), lo que les permitió en el año 2021 sembrar 201.000 hectáreas con una producción de 1.400 toneladas, en el año 2022 alcanzar las 203.000 hectáreas y las 1.783 toneladas y en el 2023 logar las 253.000 hectáreas y un récord de 2.664 toneladas, esto último debido a la tecnificación y optimización del cultivo y del procesamiento, que posibilitó pasar de tres a seis cosechas anuales (gracias a la suspensión de la aspersión) y poder pasar de producir 5,2 kilogramos por hectárea en 2015 a 6,5 kilogramos por hectárea en 2018 y a una cifra entre los 8 a 10 kilogramos por hectárea para 2024.
Esas 2.664 toneladas representarían un 60% de la producción mundial de coca, gracias a las aproximadamente 355.000 hectáreas sembradas no solo en Colombia, sino en Perú, Bolivia y ya en Ecuador.
Estos aumentos en la producción y las disminuciones en cuanto a la erradicación han producido a su vez una baja porcentual y progresiva respecto del porcentaje total de toneladas incautadas, pasando de 669 en 2021 (47.7% del total producido estimado) a 659 en 2022 (36.9%), a 724 en 2023 (37.6%) y finalmente a 861en 2024 (32.3%), es decir con una disminución del 15.4% en solo cuatro años (2021-2024), advirtiendo que las cifras del pasado año generaron fuertes tensiones al interior de las Fuerzas Militares, por discrepancias en cuanto al acumulado total real (tonelaje interrumpido).
Las cifras anteriores por sí solas permiten dimensionar el poder económico que no solo el narcotráfico, sino la minería ilegal, el tráfico de insumos, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el tráfico de especies, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el secuestro y la extorsión le generan a estas organizaciones, reflejándose esto en la posibilidad de financiar expansiones territoriales, reclutamientos forzosos y de uso (409 menores en 2024, un 19.6% más que en 2023), así como la implementación de acciones de gobernanza criminal -particularmente en zonas rurales- ejerciendo control territorial, influencias económicas, sociales, culturales y políticas sobre las comunidades, con una evidente violación de sus derechos fundamentales.
Sin embargo y aunque no hay una cifra consolidada respecto al número de kilos -de cocaína- que son comercializados al interior del país (para 2016 se valoraba en un 20% del total de la producción), para el 2015 el Departamento Nacional de Planeación estimó que se mercadearon localmente sustancias psicoactivas por aproximadamente 2.194.586.686 dólares (seis billones de pesos a una tasa promedio de cambio de 2.734 pesos por dólar), lo que brinda una idea no solo de la expansión de las redes de distribución, sino además de las nuevas modalidades de comercialización y del real problema derivado del narcotráfico y del tráfico localizado que no es nada diferente al consumo de sustancias PSA a nivel interno.
Tráfico, consumo y seguridad
La conexión entonces que se genera entre el tráfico de PSA y la inseguridad incide directamente en la percepción que tiene la población respecto de su seguridad y la de sus entornos, pero sobre todo del alto consumo de estas sustancias particularmente dentro de la población de niños, niñas y adolescentes.
Y eso se reflejó a nivel nacional en los resultados de las mesas técnicas de trabajo que se realizaron en desarrollo de la etapa de diagnóstico de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadanos municipales, plasmándose en los mapas de conflictividades y en la priorización de resultados.
De hecho y tal como se mencionaba más atrás, la evolución de las formas en que las PSA se distribuyen en la actualidad (desplazando a la olla tradicional y la estigmatización asociada a ella), así como los métodos y usos para la compra/venta de las mismas, empleando medios, canales y app virtuales (para pagos y envíos a domicilio), han facilitado no solo poder acceder a un mercado que se expande de manera proporcional al crecimiento de estos dinamizadores criminales, sino además adquirirlas sin que haya una traza o huella visual o física de este hecho, lo que facilita evidentemente su comercialización, dentro de una población que entre los 18 a los 34 años concentra en un 80.6 el porcentaje de consumidores en el país.
Y es que ese consumo ha aumentado en un 20% a nivel mundial en los últimos diez años, lo que representa ventas solo de cocaína por US 23.000.000.000 para 2023, siendo ya América Latina el segundo consumidor global, con el 24%, a solo seis puntos porcentuales de Estados Unidos.
¿De nuevo el secuestro y la extorsión?
Pero no solo es el tráfico localizado de PSA, sino además una serie de delitos y conductas las que vienen -de manera notoria- afectando la seguridad, pero también la convivencia ciudadana, destacando la Fiscalía General de la Nación en un informe del 16 de enero de este 2025, el aumento en la comisión de varios delitos, entre ellos, la extorsión, que pasó de 15.321 casos en 2023 a 15.802 en 2024 (+1.7%), la violencia intrafamiliar, que pasó de 88.639 casos en 2023 a 123.541 en 2024 (+39.3%), las lesiones personales, que pasaron de 75.242 a 79.731 (+5.9%) y los delitos sexuales, que subieron de 26.265 a 32.753 (+24.7%), mientras otros tuvieron leves reducciones, como el secuestro extorsivo, que pasó de 714 a 656 casos en 2024 (-8.1%), el secuestro simple, que pasó de 1.819 a 1770 (-2.6%) y los homicidios, que pasaron de 13.125 a 13.109 (-0.1%).
Se destacan el secuestro, en donde hay una discrepancia notable con las estadísticas del Ministerio de la Defensa, que reporta solo 231 casos -en ambas modalidades- frente a los 2.426 señalados por la Fiscalía, pero también la extorsión, delito del que se estima existen subregistros por la reticencia o el temor a denunciar, así como por la falta de credibilidad en la resolución positiva de estos.
Otro conducta que destaca es la de la violencia intrafamiliar en sus diferentes modalidades (física, psicológica, de género, contra la mujer, contra población de niños, niñas y adolescentes, económica, sexual, vicaria) que es un reflejo de la disrupción en las relaciones al interior de los núcleos familiares, producto, entre otras razones, del consumo de sustancias PSA, así como de bebidas alcohólicas (especialmente los fines de semana), reflejándose esto en el número de denuncias presentadas ante comisarías de familia, inspecciones de policía y personerías municipales (entre otras instancias) los inicios de semana.
Masacres y desplazamientos
Por otro lado, son alarmante también el número de masacres cometidas, pues se han reportado -durante los últimos dos años y medio- aproximadamente 207 con más de 700 víctimas, destacando la Fiscalía que en 2023 por estos hechos fueron asesinadas 366 personas, sumadas a las 374 del pasado 2024.
Sin embargo, el resurgimiento de los desplazamientos masivos -que solo en la región del Catatumbo alcanzaron la cifra de las 54.098 personas- son otra muestra más de la degradación del orden público, cuya alteración podría generarse también en el sur del Departamento de Bolívar (Magdalena Medio), en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Putumayo y en los ya desafortunadamente tradicionales departamentos de Arauca y Cauca, zonas todas en donde se presenta una profunda depredación de rentas ilegales, particularmente narcotráfico, minería ilegal (Magdalena Medio) y tráfico de sustancias, insumos, armas y municiones (sur del país).
Estos hechos ya cíclicos se han convertido en lo que podría denominarse “normalizaciones de la violencia”, entendidas éstas como situaciones en donde se afectan cotidianamente la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público. Esta normalización implica una justificación del hecho violento en el que la víctima es en parte responsable del mismo y en la que se da por descontado la no resolución del delito y la impunidad anticipada de los responsables. Lo anterior producto de la escasa capacidad disuasiva del Estado, que se traduce en la imposibilidad de disuadir al delincuente de que cometa precisamente un hecho delictivo, de no poder privarlo de la libertad o, en el mejor de los casos, de privarlo de la libertad durante un tiempo mínimo preventivo, de no poder tampoco condenarlo, pero sobre todo de no poder evitar que, aunque este condenado y recluido, siga delinquiendo.
Todas estas situaciones, que no son nuevas para esta nación, son precisamente una muestra de la incapacidad histórica no solo del estamento político, sino de la sociedad en su conjunto, de poder plantearse y materializar una política pública en seguridad que se sintonice con la realidad -del territorio, no del centro-, que no descargue sus responsabilidades exclusivamente en las Fuerzas Armadas y que aborde el narcotráfico no solamente como un problema de seguridad y orden público, sino como lo que en esencia es: un problema de salud pública, parte de cuya solución debe pasar por la regularización -por fin- del consumo, luego de 53 de años de la declaración unilateral de una guerra (contra las drogas, el 18 de junio de 1971) que evidentemente vamos perdiendo, dejando en claro que nunca hemos ganado nada librándola.
-Con información, datos y cifras de:
2- InSight Crime
3- Fundación Paz y Reconciliación
4- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
5- Revista Colombiana de Psiquiatría
6- Fundación Ideas Para la Paz
7- Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia
8- Observatorio de Drogas de Colombia
9- Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia
11- Departamento Nacional de Planeación
12- Ministerio de la Defensa Nacional de Colombia
13- Policía Nacional de Colombia
14- Fiscalía General de la Nación
15- BBC News Mundo
16- Diario El Tiempo
17- Revista Semana
18- France24
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