Por Florencia Lucero Heguy
Las maras son organizaciones criminales que operan en países de Centroamérica, principalmente El Salvador y en sus inicios, el término “mara” procedía de “marabunta”, que se refería de forma coloquial a un conjunto de personas o amigos. Sin embargo, su uso se extendió a estos grupos, que operan como pandillas urbanas. El nombre proviene de “mara”, un grupo de personas que se transportan, y “salvatrucha”, término utilizado por los pandilleros para referirse a El Salvador. Aunque hay otras teorías que dicen que “salvatrucha” es la fusión entre el gentilicio “salvadoreño” y “trucha”, palabra utilizada para decir que una persona está alerta.
Las maras tienen características muy particulares, ya que son conocidas por el uso de la violencia y un código moral propio que consiste en crueles actos de venganza. Su presencia es muy elevada en Centroamérica y esto se debe a la deportación masiva de delincuentes centroamericanos desde Estados Unidos hacia sus países de origen.
Son integradas por migrantes y refugiados centroamericanos y se establecen en zonas urbanas o suburbanas. Los mareros se identifican con tatuajes en el cuerpo y en el rostro. Asimismo, se destacan por usar un lenguaje secreto especial que solo los pandilleros entienden. Su comunicación no verbal incluye los tatuajes, el color de ropa o el cabello, así como gestos, dibujos y grafitis o artefactos dejados en lugares especiales, como colectivos, etc. Los integrantes, que pueden llegar a tener incluso 9 años, tienen que pasar por ritos de iniciación violentos, como el apaleamiento de nuevos integrantes o la obligación de cometer crímenes, asesinatos incluidos.
La Mara Salvatrucha (MS13)
Sus actividades han contribuido a hacer del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) uno de los lugares más violentos del mundo por fuera de zonas de guerra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó al grupo como una “organización criminal transnacional”, la primera designación de ese tipo para una pandilla callejera de Estados Unidos, pero los ingresos ilícitos de la MS13 no se acercan siquiera a los de sus homólogos en la lista.
Nacieron a raíz de la inestabilidad política y las guerras internas en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, provocando un enorme flujo de inmigrantes a Estados Unidos. Los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos se arraigaron en Los Ángeles, donde se formaron en los años 80 las primeras maras de salvadoreños, entre ellas la Mara Salvatrucha, para protegerse de los grupos criminales de otra procedencia étnica.
Luego de violentos disturbios que sacudieron Los Ángeles en 1992, las leyes penales se endurecieron y permitieron juzgar a los menores por determinados crímenes como si fueran adultos, así como las leyes migratorias que facilitaron la deportación. De esta manera, muchos de los integrantes de pandillas terminaron en las cárceles y luego fueron enviados a sus países de procedencia, incluso en los casos en que habían residido en Estados Unidos desde la niñez. En sus países nativos, los pandilleros deportados encontraron el caldo de cultivo para crecer. Cabe destacar que Estados Unidos no revelaba el pasado criminal de los deportados, dejando a las autoridades de El Salvador, Honduras y Guatemala sin información. Fue así como los pandilleros llenaron las calles de estos países centroamericanos y, en pocos años, colmaron las cárceles, donde de vez en cuando estallan guerras entre pandilleros de diferentes maras. Algunas de las cárceles pasaron de facto a estar bajo control de los mismos presos pandilleros, como el infame Penal de la Ciudad Barrios en El Salvador. De esta manera, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 crecieron rápidamente en los tres países, emprendiendo una guerra violenta entre sí y simultáneamente contra las autoridades. Se involucraron además en el narcotráfico de la región, cooperando de vez en cuando con cárteles mexicanos, como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa; y extorsionando a los migrantes que se dirigen a Estados Unidos.
Como consecuencia, Honduras pasó a ocupar el primer lugar en el mundo en cuanto a tasa de homicidios, mientras que la situación en El Salvador empezó a quedar fuera de control. Asimismo, las maras lograron establecer fuertes vínculos con pandilleros en muchas partes de Estados Unidos.
Según el Comando Sur de los Estados Unidos hay unos 70 mil pandilleros en el Triángulo del Norte. La proliferación de las pandillas viene acompañada del aumento en las tasas de homicidios. De éstas, la MS13 es la más grande de la región. La inmigración centroamericana a otros lugares de Estados Unidos, como Nueva York y Washington contribuyó a fomentar la expansión de la MS13. Además, las maras comenzaron a aparecer en Italia y España.
Solo en El Salvador, la MS13 cuenta con más de 30 mil miembros de pleno derecho, conocidos como homeboys, aunque la mayoría están ahora en la cárcel. Los que no fueron detenidos pasaron a la clandestinidad o se dispersaron por países cercanos, como México, Guatemala y Estados Unidos. Se cree que algunos de los principales líderes salvadoreños de la MS13 están buscando refugio en México, donde la pandilla opera su denominado Programa México. El Programa México fue creado por pandilleros salvadoreños exiliados que se dedicaban al tráfico de migrantes y drogas.
Bukele y su guerra contra las pandillas
Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 70 mil presuntos miembros de bandas criminales desde marzo de 2022, cuando se declaró el estado de emergencia luego de un aumento en los asesinatos relacionados con las pandillas salvadoreñas.
Bukele llegó al poder en 2019 con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios. Fue así como, tras alcanzarse un récord de asesinatos, el gobierno reforzó la seguridad en las calles y solicitó al Congreso aprobar el estado de excepción. El artículo 29 de la Constitución del país establece que dicho estado de emergencia puede ser declarado en "casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público". La medida, aprobada por la mayoría oficialista del Legislativo, limita la libertad de asociación, suspende el derecho de ser informado de las razones de arresto, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.
Durante agosto del 2023, el presidente Nayib Bukele desplegó un nuevo operativo en su guerra contra las pandillas que incluyó un cerco militar en el departamento de Cabañas, en el centro del país. El objetivo era "evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas".
Desde que el gobierno de El Salvador comenzó su guerra contra las pandillas, se reportaron casos de personas sin vínculos evidentes con las maras que se vieron atrapadas en los diferentes operativos y terminaron en la cárcel. Además, una serie de garantías están suspendidas y existen numerosas denuncias de graves atropellos a los derechos humanos, desde arrestos arbitrarios y torturas hasta muertes bajo la custodia del Estado.
La seguridad, ante todo
El Salvador registró en 2023 un total de 154 homicidios, reduciéndose a 2,4 por cada 100.000 habitantes. En 2022, había sido de 7,8% y en 2021 de 18,1% por cada 100.000 habitantes. En 2022 la Policía de El Salvador contabilizó 495 homicidios y, en 2021, fueron 1147. En este sentido, se puede argumentar que el año pasado fue el más seguro en la historia del país, con un promedio de 0,4 homicidios al día; ubicándolo como el segundo país de América y primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá.
Sin embargo, organismos como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador criticaron las cifras del gobierno al considerar que no hay certeza de que incluyan las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con la policía o las ocurridas bajo custodia estatal. En este sentido, sostienen que, en su guerra contra las pandillas, Bukele insistió en mensajes publicados en sus redes sociales en la necesidad de “proteger los logros en seguridad”, por lo que no se esperan cambios en el régimen de excepción, que va camino de cumplir dos años.
De esta manera, Bessy Ríos, analista política y abogada salvadoreña, explica que, para este nuevo mandato el reelecto presidente salvadoreño “mantendrá el régimen de excepción porque ha dejado de ser una herramienta para pasar a ser la propia política de seguridad. Siguen vendiendo el temor de que, si retiran el régimen, salen los pandilleros; como si el resto de transformaciones legales que hicieron no fueran a funcionar. Ha insistido en proyectar una imagen de Make El Salvador Great Again (Que El Salvador vuelva a ser grande)”. En controversia a las políticas implementadas por Bukele contra las pandillas, Ana María Méndez-Dardón, Directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), plantea que en este nuevo mandato “debería ser prioritario restablecer los derechos humanos en el país y garantías constitucionales. Prácticamente se ha roto el Estado de Derecho y se debe atender el grave problema que hay con estas políticas de seguridad. Esto, junto al tema financiero y económico, son los problemas serios del país que se están dejando a un lado”.
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