Por Richard J Kouyoumdjian Inglis, VP de AthenaLab & experto en Defensa y Seguridad Nacional
A muchos de ustedes les puede parecer que lo viene sucede en Buenos Aires, pero no, es Santiago, la capital de Chile, la que tuvo en el fin de semana del 17 y 18 de agosto a lo menos 8 asesinatos, que si bien se producen principalmente en las comunas del sur y sur oeste de la ciudad, terminan afectando a todos los habitantes de la región metropolitana, ya que por un lado hay que destinar buena parte de la policía a esos casos, dejando de cumplir otras funciones, pero principalmente porque elevan la sensación de temor e intranquilidad de todos los que viven en Santiago, y no solo de los que están más cercanos a donde ocurrieron los crímenes.
Ante la evidencia de los resultados, el gobierno del presidente Boric reconoce que no le han podido doblar la mano al crimen organizado y a la actividad delictual en general, pero junto con ello refuerzan su compromiso con el combate a la delincuencia, en lo que para muchos no es más que un ejercicio comunicacional.
No solo la oposición se las hace difícil en esta materia, aprovechando de hacer leña del árbol caído debido a la proximidad de las próximas elecciones de gobiernos locales y regionales, sino también buena parte de su coalición de gobierno, particularmente la que se identifica como de centro izquierda, y que no está dispuesta a perder su electorado por la falta de resultados en el control de la alta actividad criminal, llegando al punto de sugerir estrategias claramente más duras de lo que saldría de la presidencia y su ministerio del interior y seguridad pública, la que insiste básicamente en más de lo mismo, que en la practica es más carabineros en la calle, pero arriesgando la calidad de los policías que se colocan en la primera línea.
A nivel de la población el impacto de la actividad criminal tiene serios impactos, los que obviamente son más evidentes para aquellos que viven en las comunas en donde el narco es más fuerte, afectando su estilo de vida ya que se meten en todos los ámbitos imaginables, llegando al punto de tener que cerrar escuelas y lugares públicos cuando se realizan los escandalosos y violentos funerales narco.
Dado que los medios de prensa cubren y dan cobertura a los asesinatos, asaltos y a la actividad criminal mas violenta, el impacto de esa actividad va más allá de los lugares en donde se realiza, lo que queda en evidencia en la Encuesta Nacional Urbana Seguridad Ciudadana 2023, la que muestra en la lámina 48 claramente como la población deja de hacer cosas, lo que es más pronunciado en el caso de las mujeres, las que se sienten desprotegidas y en riesgo, e independiente de que la criminalidad no sea alta en su comuna.
Otro de los temas complejos que se dan en Chile con el crimen organizado es que se establece físicamente en lugares en donde el estado está menos presente, tomando el control del territorio, usando de base de operaciones y logística, pero mas preocupante aun, ofreciendo los servicios que el estado no provee en educación, salud y seguridad, y obviamente empleo trabajando con ellos.
Esta realidad que describo no existía en el Chile de antes. Es de consenso que no la vimos venir, que nos sentíamos protegidos aquí en el sur del mundo, aislados por el desierto de Atacama y la Cordillera de los Andes, y que a lo más era un problema de las ciudades más cercanas a nuestra frontera norte. La ausencia de servicios de inteligencia y de saber lo que estaba ocurriendo más al norte nos costó caro.
La actividad narco criminal no llego haciendo mucho ruido, aprovechó los flujos migratorios venezolanos y se expandió al Perú, la Argentina y Chile, el país en teoría más desarrollado y sofisticado de la América del Sur, pero que no tenía sus instituciones preparadas para lidiar con el crimen organizado y una actividad criminal más intensa, y que lo pillaba más desgastado después de las revueltas sociales del 2019 conocidas como el Estallido Social, y los casi 18 meses que estuvimos afectados por el Covid-19.
Hasta hace poco varios analistas, incluyéndome a mí, colocábamos el problema de la insurgencia mapuche de la zona sur de Chile como el más complejo a resolver, y junto a ello, en segundo lugar, el crimen organizado y lo desprotegida que estaba y está nuestra frontera norte ante la actividad del crimen transnacional. Hoy en día hay consenso absoluto de que el crimen organizado es el principal problema de seguridad nacional, seguido por el problema de las fronteras, quedando la insurgencia en un tercer lugar, lo que no quiere decir que se pueda dejar de atender, más aún porque nunca se atacó el problema de fondo, los grupos insurgentes, manteniéndose un contingente militar en la zona solo con el fin de que la situación no escale, pero en ningún caso con instrucciones de solucionar el problema, por lo que probablemente seguirán en esas funciones por mucho tiempo más en un nuevo ejemplo de que los militares una vez instalados no salen más.
Antes de entrar más de lleno al crimen organizado, la frontera norte en sí misma no es un problema, pero que esta falta de protección si lo es, y no porque ejércitos extranjeros nos vayan a invadir, sino por lo extensa y complejo que es su resguardo. Una frontera como la que nos separa de Bolivia y Perú para ser efectivamente protegida requiere de fuerzas militares y policiales, de tecnología de monitoreo, disponibilidad de satélites de vigilancia, y de drones y aeronaves para vuelos de patrullaje, tanto diurnos como nocturnos. Algo similar aplica a los espacios marítimos ya que si no se protegen adecuadamente el flujo criminal y el migratorio se vendrán por mar.
Lamentablemente nuestros vecinos al norte y noreste no ayudan mucho, y lo que es más felices de que los que arrancan de Venezuela y los criminales que se ubican en sus tierras se vengan a Chile o se vayan a la Argentina. Nadie se quiere quedar con el problema y menos ellos que ya están con más problemas de los que pueden manejar.
Tenemos al crimen organizado instalado en nuestras tierras y el gobierno no tiene estrategia, lo que no es de extrañar. Los políticos están acostumbrados a reaccionar, y la reacción en este caso consiste en presentar proyectos de ley, la mayor parte de los cuales no va a tener impacto hasta un par de años. Tanto en el 2023 como en el 2024 se armaron paquetes de proyectos de ley que apuntan unos mas que otros a mejorar la seguridad pública, incluyendo cosas como la creación del Ministerio de Seguridad Publica, que dejaría de ser una tarea del Ministerio del Interior, la utilización de las fuerzas armadas para labores mas permanentes de seguridad interior, la mejora del ineficiente o inexistente sistema de inteligencia nacional, la mejora del sistema carcelario, adecuar el sistema judicial a la realidad actual, y una serie de otros proyectos menores.
Los proyectos que quedaron pendientes del 2023 pasaron a ser parte del “fast track” 2024, que de rápido no tiene nada, ya que desde mayo solo uno ha sido aprobado, el que se refiere a delincuentes reincidentes. Lamentablemente la oposición no ayuda mucho y eso no es bueno, ya que hay varios que serían de positiva implementación.
Lo único relativamente efectivo que el gobierno ha hecho es sacarles labores administrativas a Carabineros, lo que junto con acelerar la graduación de nuevos policías debería colocar unos 1500 mas en las calles, pero su efectividad está por verse, ya que en un caso deberán ser reentrenados, y los nuevos tienen nada de experiencia operativa.
Todo lo anterior no suena muy positivo, pero peor aun es la ausencia de la estrategia que mencionábamos anteriormente. Se reúnen, discuten, hacen anuncios de prensa, pero el resultado no es más que más proyectos de ley y acciones comunicacionales grandilocuentes que mueren tan pronto hay otro fin de semana sangriento.
Sin estrategia que tenga objetivos, medios y formas de uso vamos a seguir dando palos de ciego, y mientras tanto, el crimen organizado y los delincuentes de fiesta, y los chilenos atemorizados. Chile no es el Salvador o Ecuador, pero si no hacemos nada hasta la más calma de las comunas de Chile va a caer bajo el contagio y de ser así, solo nos va a quedar el uso de las fuerzas armadas para restablecer el estado de derecho.
El tema de la inseguridad es el tema de tanto las elecciones de los gobiernos locales en el 2024 y de las nacionales en el 2025. Todos los candidatos están declarándose expertos en la materia, o aprendiendo rápido sobre el tema y viajando a Buenos Aires a aprender y sacarse fotos con Patricia Bullrich, pero al final del día es un tema de tener voluntad para usar toda la fuerza del estado, sin miedo, y sin complejos, pero a la vez respetando los derechos de los chilenos, lo que genera el desafío prioritario de mejorar el sistema de inteligencia, ya que de lo contrario no podremos ser efectivos y eficientes en el actuar de las fuerzas de seguridad, como tampoco de los recursos del ministerio público, de gendarmería, y de los tribunales de justicia.
Para cerrar, y como dije al comienzo, mucho de esto les debe sonar conocido en sus tierras, pero para que se entretengan les comento que AthenaLab recientemente preparó un documento de trabajo que está disponible para todo público y que se llama “Consideraciones generales para el diseño de una estrategia de seguridad pública contra el crimen organizado”, el cual se recomienda a todos los que les interesa esta materia, y que de seguro también aplica a la Argentina.
Enlace al documento de AthenaLab: https://athenalab.org/documento-de-trabajo-no28-consideraciones-generales-para-el-diseno-de-una-estrategia-de-seguridad-publica-contra-el-crimen-organizado/
ความคิดเห็น