En el proyecto de ley de presupuesto para 2025 el gobierno de Gabriel Boric plantea demorar la entrega de fondos previstos en la ley 21.174, generando incertidumbre en la inversión en defensa del país.
Por Santiago Rivas
El proyecto de ley de presupuesto 2025 de Chile, presentado días atrás por el gobierno de Gabriel Boric, plantea la postergación del aporte del dinero para el Fondo de Contingencia Estratégica, que, de acuerdo con la Ley 21.174 de Financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.
Este Fondo de Contingencia Estratégico está “destinado a financiar el material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento para enfrentar situaciones de guerra externa o de crisis internacional que afecten gravemente la seguridad exterior de la República” y también “podrá ser usado para financiar el material bélico e infraestructura asociada destruidos o severamente dañados a consecuencia de situaciones de catástrofe”.
Dicho fondo se conformó inicialmente con el 20 % del saldo remanente de un fondo similar que tenía la ley 13.196 (llamada Ley del Cobre, derogada por la citada Ley 21.174 el 26 de septiembre de 2019) más aportes que debería hacer el estado de Chile en su presupuesto de defensa una vez agotado ese saldo. Estos aportes deberían hacerse a comienzos de 2025, pero el gobierno ha planteado que los hará durante el año, lo cual ha encendido alarmas en las Fuerzas Armadas, los partidos de la oposición y distintos sectores relacionados con la defensa.
A la vez, la ley 21.174 había creado el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, “que financiará la inversión en material bélico e infraestructura asociada, y sus gastos de sostenimiento que corresponda, en base a un programa de financiamiento de inversiones a cuatro años, que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza derivada de la política de defensa nacional, establecida en el artículo anterior”, el cual sería el principal fondo para la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas y que inicialmente se conformó con el 55 % del saldo de la cuenta 9154 de la Ley del Cobre, a transferirse durante 4 años, lo cual se termina este año. Ese valor anual, de 488 millones de dólares, se consideró como punto mínimo para que el estado aporte anualmente, tanto en los traspasos iniciales, como en lo que se debe aportar a contar del año 5, después de haber usado el monto que se destinó para los primeros 4 años.
La Ley del Cobre asignaba un 10 % de las ventas de la empresa estatal Codelco para compras de defensa, inicialmente 1/3 por cada fuerza y luego un cuarto a cada una, con el cuarto restante para un fondo para contingencias que gestionaba el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, ese fondo se empleó en 2010 para reconstruir la Base Naval de Talcahuano luego del tsunami.
Cuando el cobre tuvo un precio muy alto, parte de esos fondos no llegaron a utilizarse, quedando el remanente que se distribuyó en pagos entre 2020 y 2024, así como para cubrir todas las deudas de las compras que se habían realizado, como también entre otros, la construcción del buque antártico Almirante Viel, el que comenzó con el segundo gobierno de Bachelet y que se terminó bajo Boric.
Más allá de la preocupación que genera la idea de que el aporte del Fondo de Contingencia Estratégico no se haga a comienzos del 2025 sino a lo largo del año, también genera preocupación que el gobierno apunte a que el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa solo mantenga el valor de 488 millones de dólares, lo cual debería ser un punto de partida. En este sentido, la ley establece un mínimo, que es el aporte basal, que también estaba bajo la Ley del Cobre, que se establece sobre el promedio de los 6 años anteriores, que algunos cálculos hoy estiman en unos 600 millones de dólares, bastante superior a los 488 millones planteados por el gobierno.
Según explica Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab, es preciso tener en cuenta que el reequipamiento de las Fuerzas Armadas de Chile demandará muchos más recursos que el que se hizo entre fines del siglo XX y comienzos del XXI, dado que en ese entonces se pudo adquirir mucho material de segunda mano en buenas condiciones, cuando las fuerzas armadas de Europa se achicaban luego del fin de la Guerra Fría, pero hoy, en un mundo más conflictivo, las potencias están manteniendo el material que tienen y el mercado de equipos usados se ha reducido significativamente. “Ese fondo de 488 millones de dólares es insuficiente para la realidad que se viene por delante, con la modernización que hay que hacer de los F-16, en el caso del material blindado, los Leopard definitivamente necesitan una inversión y tienen que mantener esas capacidades, también hay un plan de inversiones del Ejército que está en curso, pero definitivamente el más caro es el de la Marina, cuando tú dices ‘tengo que renovar la flota’, que en este minuto es una combinación de plataformas que tienen 20 años o más, pero uno tiene que ir enfrentando esa realidad, si quiero mantener ocho fragatas, si voy a ir por un plan de construcción en Chile o las voy a comprar afuera. Afuera está muy difícil porque está muy caro y nadie quiere vender sus fragatas de segunda mano. En países como Chile, Argentina o Perú todos prefieren construir localmente, aunque sea un poco más caro, porque es más socialmente aceptable la inversión” explicó Kouyoumdjian.
En este sentido, señaló el planteo que hizo Ricardo Montero Allende, Subsecretario de Defensa, cuando dijo que ese fondo de 488 millones es suficiente para desarrollar la planificación estratégica de la defensa. “No dijo nada sobre la postergación del suplemento estratégico” planteó Kouyoumdjian, pero además destacó que, si bien hoy se puede avanzar en los cuatro buques de apoyo que reemplazarán al Sargento Aldea, al Aquiles y a las dos barcazas tipo Batral, cabe preguntarse “qué van a hacer con la fuerza de submarinos y con las fragatas. Argentina ya ha descubierto que ir a comprar submarinos de segunda mano no es tan simple, porque no hay muchos dando vueltas. Sí o sí tienes que salir a comprarlos o construirlos tú, y eso te va a hacer un proyecto de 10 años. Son temas de muy largo plazo y que requieren ser financiados”.
Además, viendo el panorama a futuro, donde seguramente se deban comprar equipos nuevos, con 488 millones de dólares por año no será posible cumplir casi ninguno de los programas estratégicos que tienen las fuerzas. “Solamente la renovación de la Marina completa sale 7000 millones de dólares y eso no considera ninguna otra fuerza. Por lo tanto, estaríamos gastando integralmente todos esos fondos 15 años hacia adelante” señaló Kouyoumdjian.
El planteo de la demora en la entrega de los fondos también genera reacciones porque este año el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas no se aportó al comienzo del año, como corresponde, sino a lo largo del año, lo cual genera incertidumbre sobre cuándo las fuerzas dispondrán de esos recursos para hacer pagos por las compras que realizan.
“El punto principal es que siempre ha habido un grupo de gente que no apoyó el reemplazo de la Ley del Cobre por esta Ley de Financiamiento de Capacidades Estratégicas, porque sentían que era más fácil tomar el 10% de las ventas de Codelco que tener que depender del gobierno de turno a que te financiara. Y es el temor de todas las Fuerzas Armadas en general en Latinoamérica, de que no van a poder renovar sus sistemas y plataformas porque no tienen asegurados los fondos” agregó Kouyoumdjian, quien subrayó que lo importante es la señal política “y hay gente que comienza a decir, ‘se lo dijimos, confiaron en los políticos y miren lo que están haciendo”.
“Lo otro importante es que cada vez que sale el tema del financiamiento, se produce la discusión de si nos enmarcamos en lo que podemos financiar, o bien establecemos que necesitamos, y vemos cuanto cuesta. Las actuales capacidades que están prontas a terminar sus vidas útiles nos dieron tranquilidad estratégica en el primer cuarto del siglo XXI. Lo que estamos decidiendo ahora es para los próximos 25 años, los cuales si no los enfrentamos con las capacidades requeridas vamos a tener asumir y entender el riesgo que ello implica, el que claramente puede quedar corto y no generar la discusión estratégica”, concluye el Vicepresidente de AthenaLab.
En este sentido es importante remarcar que el problema principal no radica en el texto de la ley, sino en que se la implemente de manera incorrecta y sin tener en cuenta las necesidades de reequipamiento que tiene el país, así como la realidad del escenario internacional, en donde se demandan más recursos para mantener capacidades.
