Por Paulo Roberto Bastos Jr.
Ayer, 4 de diciembre, domingo, el juez federal Wilson Alves de Souza, de guardia en el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), Brasilia (DF), atendió una acción popular presentada por el abogado Charlles Capella de Abreu, y suspendió la firma del proyecto del vehículo blindado de combate de caballería media sobre ruedas (VBC CAV - MSR) 8X8, del Exército Brasileiro (EB), ganado por el Consorcio Iveco-OTO Melara (CIO), con el Centauro II.
El mencionado contrato se refiere a la adquisición de 98 vehículos, con su respectivo apoyo logístico y un sistema de simulación.
En la acción se alega: “Declaró el agravante que presentó una acción popular después de ser sorprendido por la noticia de que la Administración Pública estaría adquiriendo 98 vehículos blindados italianos para la renovación de la Flota del Ejército Brasileño. Dijo que se completó el proceso para la compra de vehículos blindados por valor de € 900,000,000.00 (novecientos millones de euros), que alcanzaría la cifra de más de R$ 5 mil millones”.
Y continúa: “Agregó que la compra referida sería en medio de recortes de miles de millones de dólares en el presupuesto público por un total de R$ 5,7 mil millones, la mitad de los cuales son el resultado de recortes de Educación (R$ 1.435 millones) y Salud (R$ 1.396 millones)”.
“También destacó que no se puede ignorar que la Pandemia de Covid 19, que sometió al Sistema Nacional de Salud a un nivel de estrés nunca experimentado desde el establecimiento del SUS, aún no llegó a su fin”".
“Continuó, diciendo que la compra, cuando se apagaron las luces del actual Gobierno y ante el estado calamitoso en el que se encuentran otras áreas de mayor urgencia, representa una verdadera violación de la moral pública”.
Esta afirmación, además de estar completamente equivocada, demuestra el desconocimiento del autor (o mala fe), al imputar valores falsos y alegaciones incompatibles a quienes han trabajado en la administración pública, ya que cuenta con un extenso historial de servicios prestados a administraciones pasadas, incluyendo asesor especial de la Casa Civil del Gobierno de Dilma Rouseff.
En el contrato que se firmará a finales de esta semana, no habrá desembolso por parte de la Unión en este momento, porque se refiere a la entrega de dos prototipos para ser evaluados por el EB y, de aprobarse, la adquisición del lote, por un monto de R$ 3,3 mil millones, y no “más de R$ 5 mil millones” como alega el demandante.
Otra cosa que causa mucha extrañeza es el hecho de que la ley de presupuesto para esta adquisición fue aprobada en diciembre de 2020, apareciendo en la Cartera de Proyectos Estratégicos de Defensa (PPED) 2020-2031, del Ministerio de Defensa, y no en el “apagar las luces del actual Gobierno”.
El hecho que debe tenerse en cuenta es que el VBC Cav es uno de los proyectos más importantes implementados por la Fuerza Terrestre, siendo considerado el “resorte impulsor” de la modernización de toda su arma de Caballería, cuyos medios están muy desgastados y necesitan una renovación, y el programa de compensación ("offset") ofrecido por la empresa ganadora del evento, ¡Beneficios que superan los impactos financieros, que se desembolsarán a lo largo de 16 años!
En opinión de este autor es que este programa continuará, siendo el contrato firmado en las próximas horas, y que esta acción tenía la intención única de causar más agitación en el actual problemático escenario político (como si necesitáramos más).
El Ejército Brasileño es una institución sólida, responsable y merecedora de toda nuestra confianza, porque ha demostrado en este proceso (y en otros) toda la suavidad, transparencia y profesionalismo. Por lo tanto, las decisiones tomadas por el comando actual (así como el futuro) son (y serán) motivo de orgullo para todos los brasileños.
Paulo Roberto Bastos Junior
Editor del sitio web de la revista de Tecnología y Defensa, para Pucará Defensa
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