Si bien esta columna está planteada para la situación actual de Chile, también aplica para lo que hoy ocurre en la Argentina, cuando se plantea el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, mientras hay una gran cantidad de militares en prisión preventiva desde hace años, sin condena y en clara violación al debido proceso y a la Constitución Nacional.
¿Quién se va a inmolar por Chile si es que el Estado de Chile no les da las garantías del debido proceso, los protege legalmente cuando les ordena actuar, y asume las responsabilidades por las órdenes que da?
Por Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de Athenalab
Quizás el mundo político no capta la importancia del tema de los militares y carabineros que están presos por causas de derechos humanos de la época del gobierno militar, como tampoco de las causas que afectan a quienes fueron llevados a juicio, y en algunos casos ya condenados por hechos ocurridos durante lo que se conoce como el “estallido social” o producto de los despliegues de las Fuerzas Armadas bajo los estados de excepción que se vienen decretando desde el último trimestre del 2019.
El tema en sí es importante no sólo por las graves injusticias, violaciones a los derechos humanos que se cometen con ex militares de avanzada edad, y la falta de debidos procesos, sino porque también condiciona el accionar futuro de las Fuerzas Armadas en el caso de que sean requeridas para actuar en apoyo a las policías en el combate al crimen organizado, lo que eventualmente se podría dar bajo estados de excepción constitucional de emergencia o de sitio, o bien bajo una iniciativa del tipo infraestructura crítica corregida (no la actual) más bien focalizada en el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías que a proteger algo que no está en riesgo.
Las Fuerzas Armadas del ahora observan lo que sucede con los que les antecedieron, ya sea por las acciones realizadas durante el gobierno militar, o en tiempos más recientes cuando han debido intervenir en el orden público, resguardo de fronteras o producto de la insurgencia que está presente en varias provincias de la región del Biobío o de La Araucanía.
La forma en que tratan a los militares del pasado en los penales de Punta Peuco y en particular en Colina 1 no es propio de la edad de los que están presos o de las condiciones de salud en que se encuentran. Desconozco si es responsabilidad del ministro de Justicia y Derechos Humanos, o una falta atribuible a Gendarmería. Son claramente personas que a la luz del gobierno y de los tribunales no tienen derechos humanos, lo que, a cara de ellos, de sus familiares, amigos y camaradas se hace más inentendible si se considera que además fueron condenados la mayor de las veces a través de procesos judiciales en donde abundaba la falta del debido proceso, por simplemente haber sido militares, por cumplir órdenes.
Estamos hablando de personas de la tercera o cuarta edad, que en esa época eran mayormente oficiales subalternos, suboficiales, clases y soldados conscriptos. Son mayormente militares, con unos pocos marinos y carabineros que los acompañan. No eran los que tomaban las decisiones, y en muchos casos, están pasando sus últimos años de vida en la cárcel simplemente por estar en las Fuerzas Armadas de la época del 73. Para ellos la izquierda aplica el principio del sin perdón ni olvido, no tienen derechos humanos, y los tratan peor que a los más indignos de la tierra.
Hay aún procesos abiertos, que fueron reabiertos en Piñera 1, que tienen a lo menos a 67 condenados en primera instancia por el ministro en visita Álvaro Mesa. Ellos se agregan a los que ya están presos por causas similares, pero quizás si prima la lógica y los brotes verdes que ahora se están comenzando a ver en tribunales, no se vayan a la cárcel y puedan correr con la suerte del general Cheyre, otro caso en extremo injusto, más aún en su condición de general en jefe del “nunca más”, en un caso que nadie entiende y que a nadie hace lógica.
No sé si la izquierda, el Congreso y los políticos en general están conscientes del efecto que causan en las Fuerzas Armadas del ahora «pago de Chile», y cómo ello puede afectar las expectativas que se tienen de ellas de llegar a ser necesario su uso en ambientes complejos. Está claro que en el mundo de los retirados y en la familia militar esta situación no pasa desapercibida, generando frustración, rabia y hasta quizás odio. Nunca es bueno sobre tensionar las cosas, los riesgos de hacerlo son muy altos, y cuando ello sucede en Chile las cosas no terminan bien.
Claramente la situación de los penales Punta Peuco, Colina 1 y otros en que hay presos militares del pasado es una cuestión política. Dejarla sólo en manos de los tribunales o el sistema judicial no es una buena idea, como tampoco lo es el no resolver el problema. Su no resolución o la no aplicación de mínimos de humanidad y de los derechos humanos de estos presos equivale a un acto de venganza, de un ojo por ojo, de algo que no tiene mínimos de decencia y de justicia.
Los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros también observan el actuar del sistema judicial y del Ministerio Público en los casos que vienen de las oportunidades en que han debido actuar bajo estados de excepción o para restablecer el orden público. Se aplaude que se hizo justicia en el caso del cabo Zamora, se observa con esperanza lo que pueda ocurrir con el juicio que está pendiente para el comandante Crespo y el cabo IM Seguel, y hay preocupación por casos como el del soldado Robledo y de los otros integrantes de la patrulla que tuvo que actuar en La Serena el 19 de octubre del 2019.
Para muchos el uso de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías para combatir el crimen organizado es algo que ya se asume como necesario y aceptado por la opinión pública. Para que ese uso sea efectivo y no una pérdida de tiempo se deben dar dos condiciones básicas: 1) Apoyo político transversal, el cual debe quedar registrado como un acuerdo en que todos los partidos políticos participan, como también los distintos poderes del Estado, y entes autónomos como el INDH y el Ministerio Público, y 2) Las reglas de uso de la fuerza (RUF) deben ser de fácil y rápido empleo, no siendo necesario como dijo el general Bassaletti en El Mercurio del domingo, pedir permiso antes de actuar.
Está claro que nadie está por sobre la ley, pero dicho eso, la izquierda debe perder el complejo de usar la fuerza del Estado y de tener servicios de inteligencia con capacidades operativas. La realidad actual no da para más, pero sí requiere que se atienda como condición habilitante del uso de las Fuerzas Armadas, el resolver la realidad de los presos militares del pasado, que los juicios actuales abiertos sigan el derrotero del caso del cabo Zamora, que se corrijan los errores cometidos con los soldados de La Serena, y que alguien controle lo que hace el juez Álvaro Mesa Latorre en Temuco, ya que si mete a la cárcel a los 67 que tiene condenados, se hace difícil que las Fuerzas Armadas del ahora, independiente de que hayan RUF perfectamente deseadas y un apoyo transversal a su uso, sean un recurso eficaz en el combate al crimen organizado.
¿Quién se va a inmolar por Chile si es que el Estado de Chile no les da las garantías del debido proceso, los protege legalmente cuando les ordena actuar, y asume las responsabilidades por las órdenes que da? ¿Está el Presidente Boric listo para asumir la responsabilidad de las órdenes que vaya a dar a las Fuerzas Armadas?
En memoria de los militares del pasado, del ahora y del futuro.
