Martín Verrier, ex subsecretario de lucha contra el narcotráfico de Argentina y analista en seguridad, habló con Pucará Defensa sobre cómo el crimen organizado está ganando fuerza en la región y el desafío que esto implica para los gobiernos y agencias de seguridad.
Por Santiago Rivas
La situación de seguridad en América Latina es cada vez más alarmante y va alcanzando niveles en que en cada vez más casos las Fuerzas de Seguridad carecen de las herramientas para enfrentar al crimen organizado de manera eficiente. Al narcotráfico se han ido sumando actividades como la minería ilegal, el tráfico de personas y muchas otras, mientras las organizaciones criminales se integran a grupos terroristas y son también funcionales a los intereses de algunas potencias que buscan ingresar en América Latina. Hablamos con Martín Verrier, que entre 2015 y 2019 fue Subsecretario de Lucha Contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad de Argentina y que además es uno de los más importantes analistas de seguridad de la región, sobre las causas de este fenómeno y cómo está evolucionando.
Pucará Defensa: ¿Cómo podrías describir la realidad que vive hoy la región en cuanto a la seguridad?
Martín Verrier: “A nivel estratégico, la seguridad en Latinoamérica va muy atada a todo lo que tiene que ver con la actividad del crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Si analizamos eso, lo que tenemos son diversos estados, en diferentes países de la región, donde esta actividad, el crimen organizado, ha traído incrementos sensibles en la cantidad de homicidios, especialmente en los últimos cinco años. Tomemos el caso de Colombia, que viene de un proceso de pacificación y desarme de las FARC que trajo una reducción de la actividad delincuencial, e incluso de los homicidios, durante tres o cuatro años, pero, sin embargo, ha habido un incremento en los últimos dos años, lo cual nos demuestra que esta estrategia de creer que uno puede llegar a la paz a través de acuerdos con organizaciones criminales tiene resultados de muy corto alcance. Hoy tenemos a Colombia produciendo más de 900 toneladas de cocaína, a comparación con las 250 que venía produciendo hace unos 10 años, en pleno auge del Plan Colombia. Tienes un incremento en los homicidios y también un aumento en la cantidad de armas traficadas, con lo cual, todos estos objetivos, que eran supuestamente lo que de alguna manera se iban a alcanzar con el acuerdo de paz, no se alcanzaron.
Tenemos países donde la expansión del crimen organizado ha cambiado sensiblemente la realidad, como Ecuador, donde el último año los homicidios aumentaron un 82%. Es una enormidad, Ecuador viene de tener una tasa de cuatro homicidios cada 100.000 habitantes hace unos 6 o 7 años y hoy está cercana a los 20; es un cambio rotundo, tiene que ver con el crimen organizado, un tercio de la cocaína de Colombia se está exportando a través de Ecuador, especialmente del puerto de Guayaquil.
PD: La que se produce en el sur de Colombia, en el Cauca.
MV: Sí, en Nariño, el Cauca, a través las provincias ecuatorianas de Sucumbíos y de Esmeraldas, va hacia el puerto de Guayaquil y sale de ahí hacia Estados Unidos y Europa. Lo mismo estamos viviendo en Chile, el país más pacífico de la región, históricamente con las tasas más bajas de homicidios, hoy sufre el avance del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana formada en la cárcel de Aragua. Con una realidad totalmente nueva, con un crimen organizado mucho más sofisticado, con cocaína llegando desde Ecuador también, para ser exportada a través de puertos chilenos. En el último reporte de incautaciones, Chile ya declara 5 toneladas de incautación, muchísimo más que lo que se ha incautado hace años. Y después tenemos la situación de Paraguay, donde claramente tenemos una convergencia perfecta de diferentes tipos de variantes del crimen organizado, como el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de drogas e incluso el terrorismo. Entonces, la situación regional es muy preocupante. Argentina, con una situación oscilante, si bien no se han publicado estadísticas de incautaciones desde el 2019, cuando cambió la administración, el día de ayer, el ministro de seguridad declaró que habían incautado en 2022 una tonelada y media de cocaína, esto es prácticamente un sexto de lo que se había incautado en 2017, con lo cual vemos que ha caído significativamente la productividad y la operatividad.
PD: Claro, porque la cantidad de droga que se mueve en el país difícilmente haya bajado.
MV: Difícilmente, de hecho, la subsecretaría que tenía yo a mi cargo había estimado el mercado nacional anual en más de 20 toneladas, es decir que claramente hay unas 17 toneladas que están siendo exportadas o consumidas y que el Estado no ha logrado interceptar.
Y en este panorama está Brasil. En Brasil tenemos sí o sí que resaltar el accionar del Primer Comando Capital, la principal organización criminal al sur de Colombia, con 30.000 efectivos, nacida en las cárceles de San Pablo, y que ha logrado expandirse a toda la región, con presencia en Argentina, en Bolivia, en Perú. Esta organización es tan fuerte que ha sido capaz de sitiar pequeñas ciudades enteras en el sur de Brasil durante 24 horas, robar bancos adentro de esas ciudades, ya podemos hablar de que es un fenómeno de narco insurgencia. Este cartel ha entablado también alianzas con Hezbollah en la triple frontera (entre Argentina, Brasil y Paraguay), donde el PCC le garantiza la seguridad a los miembros de Hezbollah encarcelados y, en contrapartida, Hezbollah abastece al PCC de armas y explosivos.
Con lo cual, el escenario final es muy complejo, yo diría que estamos en el peor momento en términos de avance del crimen organizado transnacional. Mucho tiene que ver esta explosión en la producción de cocaína, no solo en Colombia sino también Perú, que generalmente queda fuera del radar cuando uno habla de producción, pero Perú está produciendo casi 800 toneladas de cocaína, con lo cual se acerca a Colombia, con la particularidad de que la mayor parte de la producción de cocaína de Perú va hacia el sur. Cuando va hacia el sur es Bolivia, de Bolivia para Paraguay y de ahí a Brasil, pero empieza a derramar en Argentina, en Chile y en Uruguay también, y justamente esto es lo que explica algunos de los fenómenos delincuenciales en nuestra región.
PD: ¿Cómo está la relación con las viejas insurgencias, como el caso de las FARC o lo que pasa en el VRAEM en Perú? Como es la relación con los grupos terroristas o insurgentes que se han ido mezclando con el narcotráfico o el crimen organizado.
MV: Ahí justamente tenemos un resurgimiento de las dos organizaciones que mencionaste. Las FARC a través de los diferentes frentes que no se sumaron al proceso de paz, las disidencias, por ejemplo el Frente 48, que domina la frontera con Ecuador. Han crecido significativamente. Históricamente las FARC se involucraban en la parte de cultivo, procesamiento y producción, pero no se involucraban sensiblemente en la exportación.
Hoy vemos con estas disidencias que se involucran en toda la cadena. Desde la plantación hasta la exportación de la misma, y esto es lo que incrementa el nivel de violencia en las ciudades como en Medellín o en Cali, que habían logrado estabilizar un poco los homicidios. Hoy vemos incrementos y también un uso de armamento más potente dentro de las ciudades, donde históricamente se veían muchas armas, pero armas de puño, y hoy vemos muchos fusiles de asalto. En algunos casos estas organizaciones se enfrentan entre sí, pero siempre priorizan los acuerdos, es decir, con la mayor lógica empresarial, en la medida que pueden evitar enfrentarse entre sí lo hacen, cuando no tienen opción, se enfrentan y esto también incrementa el nivel de violencia.
PD: ¿Cuál es la importancia de Venezuela y Bolivia, estos países que son casi un paraíso para el narco, pero también expanden su influencia en la región?
MV: Justamente, no los había mencionado en mi análisis anterior porque son dos países que pertenecen a otro nivel de análisis. En Venezuela claramente tenemos una situación de captura criminal del estado, y cuando hablamos de captura criminal hablamos de un nivel donde vos no puedes diferenciar los objetivos del estado de los objetivos de la organización criminal.
Una situación similar, quizás un poco menos intensa, se da en Bolivia, donde vemos muchísimas situaciones de lavado de dinero, de exportación de oro ilegal, de tráfico de cocaína, que sería inexplicable sin la colaboración de las autoridades.
Bolivia ha declarado que sus necesidades de consumo ancestral de hoja de coca representan unas 14.000 hectáreas y, sin embargo, produce el doble. Ahora nadie explica a dónde va ese excedente de producción.
PD: ¿Cómo influye en los países vecinos? Hablamos de Bolivia con el sur de Perú, lo mismo en Chile. Venezuela ingresa parte de la droga de Colombia.
MV: Ahí hay dos fenómenos de creciente importancia. En primer lugar, estos estados, que están en cuasi estado de captura criminal generan un medio ambiente propicio para la aparición de cualquier tipo de actividad ilícita. Eso derrama en los países vecinos y, de alguna manera, sirven como base logística para operaciones en países vecinos.
Pero quizás más preocupante aún es el hecho de que también facilitan la operación de grandes potencias que, a través del crimen organizado, buscan y promueven sus intereses externos. Cuando digo potencias extranjeras tenemos ejemplos: por ejemplo, recientemente se capturó en Argentina un avión de bandera venezolana que era tripulado por iraníes. Cuando vemos las rutas que había hecho anteriormente había volado a Moscú y a Teherán, pero también había volado entre Paraguay y Curazao, una ruta muy conocida para el tráfico de cigarrillos, que justamente es de las principales formas de financiamiento de Hezbollah. Y recientemente, el Mossad ha declarado que ha descubierto que esta aerolínea venezolana facilita este tipo de operaciones para Hezbollah. Entonces vemos cómo algunos de estos países también sirven para que estas potencias ejecuten su política exterior, con lo cual las organizaciones criminales se vuelven proxys y eso eleva significativamente el grado de amenaza que uno enfrenta, pues ya no hablamos simplemente de crimen organizado, sino que hablamos de amenazas de potencias detrás de todo esto.
PD: ¿Cómo ves la situación de Centroamérica y México?
MV: Tenemos al principal mercado de cocaína del mundo, que es Estados Unidos, el segundo es Brasil. Eso explica un poco las dinámicas y las rutas, y Centroamérica es víctima de su situación de paso de la cocaína que va a Estados Unidos. Cuando vemos las rutas de Ecuador y de Colombia, todas hacen escala en países centroamericanos y México. Esto potencia las organizaciones criminales locales, con la particularidad que tienen algunos de los países centroamericanos de tener una enorme diáspora en Estados Unidos. Así, estas organizaciones criminales no son exclusivamente centroamericanas, sino que tienen presencia física en los Estados Unidos, con lo cual las estructuras criminales han penetrado también adentro de territorio americano.
A esto le agregamos la abundancia de armas disponibles, producto de los años de guerra civil que han tenido estos países. Y también la vulnerabilidad en términos de calidad institucional, hay diversos papers que demuestran que el nivel de actividad y crimen organizado en cualquier país del mundo es directamente proporcional al nivel de calidad institucional de ese país. Entonces, mientras más calidad institucional tiene el país, menos o más baja es la actividad de crimen organizado, y de esto no hay que olvidarse, porque la solución del problema no es exclusivamente policíaca, la solución del problema es mayor calidad institucional.
PD: ¿Cómo está México? Vimos lo de Culiacán, pero no es la primera vez y se ve cómo va creciendo la capacidad casi militar que están teniendo las organizaciones.
MV: Si vemos cómo se comportan los carteles de narcotráfico en el mundo vemos que, en general, les es más conveniente ir por abajo del radar, ser más furtivos en su accionar. Pero esto no sucede cuando se ven en capacidad de disputarle la soberanía al estado, y esto es lo que vemos en México y que se ve en parte de Colombia, cuando el estado pierde el control sobre ciertas zonas. El gobierno es el cartel, la justicia la imparte él, los préstamos monetarios los da el cartel, los problemas familiares los resuelve el cartel.
PD: Terminan teniendo el apoyo de la población, que se ven más protegidos por el narco que por el estado.
MV: Totalmente, porque en general nunca fueron protegidos por el Estado. Entonces no es casualidad que surjan estos carteles en estos lugares. En muchísimo más baja escala lo vemos en otras ciudades de Latinoamérica, en las favelas brasileñas, en las villas de Argentina o en la periferia de Santiago. Ahí prolifera el cartel porque el estado no estuvo o se retiró, esto tiene que ver mucho con la necesidad de recuperar el concepto de soberanía, que es la presencia y el monopolio del estado en esa en ese territorio. En México, esto se ha perdido hace rato en zonas muy extensas del país, con lo cual ha dado lugar a estos carteles para que avancen en situaciones donde se transforman en un cuasi estado.
PD: ¿Y el caso de Chile? Es un país donde creció mucho el narcotráfico. Algunos lo relacionan incluso a la violencia con los pueblos originarios ¿Hay algo de eso?
MV: De acuerdo a informes de Chile sí, algunas de estas organizaciones violentas de pueblos originarios del sur de Chile tendrían acceso a rutas del narcotráfico. Recordemos que la baja Patagonia tiene tradicionales rutas de tráfico de marihuana de la Argentina hacia Chile. Pero son dos fenómenos distintos, los del sur de Chile con los del norte, en el norte vemos el narcotráfico más tradicional de cocaína, manejado por colombianos y bolivianos, donde aparece ahora el Tren de Aragua jugando un rol muy importante con la masiva inmigración venezolana a Chile y con este nuevo fenómeno que indicabas de la violencia en algunos sectores de la Patagonia chilena. Yo creo que se han despertado algunas amenazas en Chile y han encontrado no tan bien preparadas a algunas de las muy prestigiosas fuerzas chilenas, como son los Carabineros o la PDI, para enfrentarlas. Yo creo que con el pasar del tiempo tanto Carabineros como PDI van a poder ajustar sus capacidades y van a poder tener bajo control estas amenazas, pero requiere un plan y requiere esa transformación.
PD: ¿Cómo afecta la diáspora venezolana, que puede verse tentada a participar de los cárteles?
MV: Lo que uno ve a partir de las noticias periodísticas, porque no hay una estadística al respecto, es que la emigración de Venezuela se puede contar por millones, se habla hasta 5 millones, con lo cual la participación venezolana en el crimen organizado es baja. Yo creo que hay mucha más participación en crimen común que en crimen organizado. La única excepción a esto es el Tren de Aragua, que está presente en Ecuador, Perú y Chile. Pero la realidad es que no vemos la proliferación de carteles venezolanos en Sudamérica en general, vemos participación de algunos criminales comunes o pequeñas organizaciones de criminales venezolanos.
PD: En Argentina, estuviste en el tema durante cuatro años ¿Cómo está la situación actual?
MV: La situación en Argentina, lamentablemente, se deterioró un poco, vimos algunos cargamentos que llegaron a Europa haciendo escala o atravesando territorio argentino y eso hasta el 2019 no había sucedido. Más preocupante resulta que algunas de esas incautaciones se dieron en Europa sin haber avisado las autoridades argentinas, lo cual habla de una falta de confianza, de falta de entender que Argentina podía cumplir un rol en esa investigación. Creo que las fuerzas de seguridad, por suerte, siguen trabajando lo mejor que pueden, pero carentes de un plan estratégico. Recordemos que la principal oficina que generaba estrategia y daba las directivas generales de lucha contra el narcotráfico era la Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico, que fue disuelta en la corriente administración apenas empezó, con lo cual lo que uno ve son esfuerzos aislados, de diferentes agencias, diferentes fuerzas en la medida que pueden. Saben lo que hacen, pero estos esfuerzos aislados sumados no llegan al nivel de operatividad que teníamos antes.
Esto explica también el incremento de homicidios en la ciudad de Rosario. En 2015, Rosario tenía una tasa de homicidios de 22 cada 100.000 habitantes. Esa tasa se pudo reducir hasta 11 en 2018. Y ahora está en 22 de vuelta. Esa reducción no respondió a ningún secreto, fue mayor operatividad, interacción de las investigaciones criminales, un fuerte apoyo federal, control de seguimiento y gestión, liderazgo, de lo que carecemos hoy en día, lo que explica que haya proliferado la violencia en Rosario. Obviamente, Santa Fe tiene sus propios problemas, que debe resolver la provincia, en términos de corrupción policial.
Además, otro tipo de programas que puedan reducir la violencia, más integrales, qué hacemos con el narcotráfico que se instaló en los barrios. Nosotros tuvimos una experiencia excelente con el Programa Barrios Seguros entre 2015 y 2019. Un programa integral, que tomamos la experiencia del programa de pacificación de Brasil y lo mejoramos, y ahí pudimos bajar sensiblemente los homicidios en diferentes barrios conflictivos de la Argentina. En la Villa 1-11-14, por ejemplo, bajamos de 27 homicidios por año a dos por año, 90% de reducción. ¿Y qué en qué consiste el programa? La primera etapa era deshacerse de las organizaciones criminales locales, luego patrullaje 24 horas por 7 de trinomios de la Gendarmería, capacitados en policía comunitaria. Entonces, en ningún momento el personal de Gendarmería abandonaba el territorio. Esto no lo vemos en ningún lugar del país en este momento. Y después llegaban el resto de las agencias del Estado, se abrían calles e iluminación, aparecía una oficina gubernamental, se daba acceso a los colectivos, salas de salud, se recuperaba la presencia del Estado. Y lo hicimos donde pudimos, lamentablemente la única provincia donde lo pudimos hacer fue Santa Fe, en Alto Verde, un barrio conflictivo cerca de la ciudad de Santa Fe. Pero es muy costoso y cuando le llevamos la propuesta a algunas provincias, decían “no, es demasiada plata”, lo cual es incongruente porque el costo asociado a la inseguridad de muchas de estas provincias es superior a la inversión que necesitaban hacer, pero son decisiones políticas que nos excedían.
PD: En Latinoamérica se ve que no se entiende que la seguridad está asociada al desarrollo económico.
MV: El Banco Interamericano de Desarrollo hace unos seis años calculó que el costo de la inseguridad para Latinoamérica en promedio era el 3% del PBI, o sea, que cada uno de los que esté leyendo el artículo saque el cálculo de cuánto es su PBI y se dé cuenta exactamente.
Hay un caso que es muy palpable y es el de Nueva York, en los 80 tenía tasas delincuenciales parecidas a las de Latinoamérica, se establece un proceso de mejora de la policía, de programas de seguridad, vinculados al control de gestión, rendición de cuentas, pero también de nuevas leyes de control y de evitar los pequeños delitos. La situación mejoró muchísimo y el turismo en Nueva York explotó. Y ahora vemos el proceso contrario, se abandonaron estos programas, Nueva York se volvió más insegura y el turismo está cayendo, es decir, está directamente relacionado garantizar el nivel de seguridad con el nivel de actividad económica.
PD: ¿Hoy cuánto se gasta en promedio del PBI en seguridad en América Latina? ¿o es muy variable?
MV: Es difícil de estimar porque tenemos esquemas de seguridad muy distintos. Por ejemplo, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen su Guardia Costera atada a la Armada. En la Argentina no, por ejemplo, entonces es difícil de estimar. O, por ejemplo, tenemos agencias que hacen seguridad, pero no pertenecen orgánicamente a seguridad, por ejemplo, las aduanas.
Es muy difícil hacer ese esa estimación, pero la verdad es que en muchos países el gasto es muy bajo en comparación al impacto que tiene la inseguridad para su economía y para su nivel de vida. Este es un desafío que tenemos quienes nos encargamos de analizar la seguridad, de hacerle entender a quienes manejan los números.
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