Por Santiago Rivas
Fotos Gastón Hernández y Santiago Rivas
A todos nos llaman la atención los pasajes a muy baja altura y más cuando son aviones grandes, pero quienes conocemos la aviación desde adentro sabemos bien que un pasaje a baja altura implica un riesgo que se va multiplicando a medida que se vuela más bajo y en condiciones más difíciles.
La llegada a Buenos Aires del ya polémico nuevo Boeing 757 presidencial, a los mandos de los pilotos de presidencia Leonardo Barone, Director General de Logística de la Presidencia, y su copiloto Juan Pablo Pinto, Director de la Agrupación Aérea de Presidencia, incluyó un pasaje a muy baja altura sobre la pista del Aeroparque Jorge Newbery, antes de aterrizar. La maniobra ya es de por sí riesgosa en condiciones ideales, pero en esta oportunidad se sumaron varios factores que la volvieron aún más peligrosa. El primero de ellos es el muy mal tiempo imperante en la zona en el momento de la llegada del avión, con poca visibilidad, un techo de nubes bajo y una tormenta eléctrica sobre la ciudad. El segundo es el cansancio de los pilotos, ya que no despegaron solamente para esta maniobra, sino que cuando la hicieron hacía diez horas que estaban en vuelo desde Miami. Además, incluyeron un escape con un viraje pronunciado a muy baja altura, que incrementó todavía más el riesgo de la maniobra.
Quienes deberían ser más responsables
Sin embargo, esto es más grave porque quienes lo hicieron son los pilotos encargados de los traslados de la máxima autoridad de la Nación, posición que deberían ocupar aquellos que se destacan por su responsabilidad y cumplimiento de las normas, y no quienes buscan llamar la atención haciendo maniobras acrobáticas con un avión que es propiedad del Estado Nacional, poniendo en riesgo la vida de mucha gente que en esos momentos se encontraba en los alrededores del aeropuerto.
Cabe destacar que dichos pilotos son, además, los únicos hasta ahora habilitados a volar el avión presidencial, lo que, por el momento, los vuelve indispensables e irreemplazables a la hora de transportar a las máximas autoridades del país.
Es de esperar que la autoridad aeronáutica y la Presidencia de la Nación apliquen las sanciones correspondientes a quienes se divirtieron empleando una aeronave del estado, como si fuera propia y de manera temeraria.
Una mala compra
Como dato extra, también fueron Barone y Pinto quienes realizaron la negociación que llevó al estado argentino a gastar 22 millones de dólares (más la entrega del Boeing 757 presidencial que ya tenía el estado), en plena crisis económica en una aeronave que es innecesaria para el país y que, además, es de un modelo que ya tiene muy pocos operadores, lo cual genera muchas dudas sobre cómo fue el proceso que llevó a elegir este avión.
Por el hecho de que hay cada vez menos operadores, los costos operativos son cada vez más altos debido a que a medida que la flota disminuye en el mundo (hoy casi todos los Boeing 757 que vuelan en el mundo son cargueros y están siendo reemplazados por Boeing 737 cargueros), también se reduce el soporte logístico y, por ende, este se va volviendo más caro. También, obliga al estado a mantener tripulaciones y personal técnico habilitado a operar una aeronave que es única en el país y en la región. Esto genera el problema de que ante cualquier novedad en cualquier aeropuerto latinoamericano (y en la gran mayoría del mundo), no se contará con ningún taller habilitado que pueda efectuar una reparación o dar asistencia.
No es demasiado difícil, para cualquier persona conocedora de aviación, llegar a la conclusión de que era más lógico incorporar un avión de la familia Boeing 737 (operado por Aerolíneas Argentinas, la Fuerza Aérea Argentina y Flybondi) o Airbus A320 (operado por Jetsmart) de los cuales hay gran cantidad de tripulaciones, personal técnico y talleres habilitados, además de ser modelos aún en producción y con miles de aeronaves volando en el mundo, lo que reduce significativamente el costo operativo.
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