Los datos de un país tras 25 años de chavismo y los motivos del voto
Por Ignacio Montes de Oca
Vamos de describir el escenario en el que se van a desarrollar la votación presidencial en Venezuela el domingo y describir algunos factores que anticipan que no presenciaremos elecciones limpias. Revisemos los datos que rodean a un proceso electoral crucial para los venezolanos y que también es importante para el resto de la región latinoamericana. Lo primero que hay que definir es que en Venezuela no habrá elecciones libres sino un proceso afectado por una dictadura que apeló a todos los trucos para torcer a una mayoría que todas las encuestas indican que está a favor de terminar con 25 años de chavismo.
Cualquier sondeo de opinión arroja una diferencia a favor del principal candidato de la oposición, Edmundo González, de entre 20 y 30 puntos por sobre el dictador Nicolás Maduro. Atento a ello, el chavismo optó por la trampa electoral para evitar una derrota ominosa. De los 21 millones de personas en capacidad de ejercer el voto, el gobierno venezolano inhabilitó a por lo menos 9 millones. El primer recurso fue impedir que al menos cinco millones de electores dentro de Venezuela se registren. El voto es optativo y con registro previo.
La red de vigilancia interna y la vulneración del secreto electoral en anteriores comicios le dio al chavismo la posibilidad de detectar personas y zonas más opositores. Que ese mapa coincida en gran medida con el de las restricciones para votar no es obra de la casualidad. Entre los 5,5 millones de exiliados en capacidad de votar, apenas 70.000 fueron habilitados para votar desde el exterior. El resto fue impedido por el pedido de renovación de documentos con costos superiores a los 200 dólares y trámites que se resuelven luego de las elecciones. Para darse una idea del tamaño de la maniobra, de los 220.000 exiliados venezolanos en Argentina, solo se ha permitido el registro de 2.638. La proporción se repite en otros países. Queda claro que el motivo del exilio se emparenta mucho con un voto contra Maduro.
En total, el chavismo proscribió de hecho a un 25% de la masa electoral y aún le queda el manejo de la maquinaria de cómputo de votos que, en el último referéndum por el Esequibo del 4 de diciembre pasado, demostró que arrojará los datos que desee el que maneja el conteo. Esas manobras se harán sin veedores internacionales independientes. Maduro prohibió el ingreso de observadores de la UE y de EEUU, al menos de los que tienen una mirada crítica sobre el régimen. Los reemplazó por militantes de partidos afines para darle una pátina de legalidad.
Incluso boicoteó a los observadores de Brasil y Colombia, dos gobiernos que hasta hace poco eran aliados, pero que pasaron a ser considerados adversarios desde que advirtieron a Maduro que deberá respetar un triunfo de la oposición en las elecciones. El rechazo a Maduro se extiende a figuras como el uruguayo “Pepe Mujica” y otras figuras de la izquierda, que ya anticiparon una victoria opositora más allá del resultado de las urnas. También, de un posible fraude que oculte una debacle electoral del chavismo.
En horas recientes se sumó la denuncia de la instalación prematura de mesas electorales en diferentes sitios de Venezuela y la restricción de acceso a la oposición. Solo los militantes del PSUV, el partido oficial, saben que sucede con las urnas instaladas dentro. Hasta el día 25, el gobierno intentó frenar la inscripción de 30.000 testigos electorales de la oposición en un intento fallido por dejar a las mesas de votación sin fiscalización ajena al oficialismo. El domingo, se prevé que también obstaculizaran su tarea fiscalizadora. Luego queda el sistema de amedrentamiento en las mesas de votación, que no son otra cosa que la continuidad de los colectivos armados que secuestraron ómnibus de opositores y atemorizaron a candidatos opositores y a todo aquel que colaboró con la disidencia durante la campaña.
También se bloqueó el camino por donde iban a pasar las marchas opositoras y se clausuraron los comercios que les prestaron su asistencia. Entre enero y junio de 2024 el régimen detuvo y procesó a 46 personas identificadas como militantes o familiares de opositores. En los primeros 10 días de la campaña electoral, del 4 al 14 de julio, la dictadura detuvo a otras 71 personas que incluyen a los jefes de campaña y colaboradores cercanos de la líder opositora Corina Machado y les inició procesos judiciales viciados de ilegitimidad.
Debe sumarse el control de los medios e Internet. El Chavismo tomó el control de los 25 medios de TV y prensa principales y, con ayuda de los gobiernos de Rusia y Cuba, ejerce el control de las redes sociales y se atribuye la capacidad de hacer cortes discrecionales. La CANTV, el órgano que rige la actividad en Internet en Venezuela, se arroga la potestad de anular la conexión en zonas muy específicas y es previsible que el domingo apliquen un silencio comunicacional como lo hicieron durante las pasadas manifestaciones masivas de la oposición. Esa cobertura en las redes es crucial porque en Venezuela atravesó un proceso que condujo al cierre de 408 medios opositores en 20 años y su reemplazo por periodistas y contenidos afines a la dictadura que replican las versiones oficiales e invisibilizan a las opositoras.
Maduro prohibió además el ingreso de periodistas de varios países aplicando un criterio de censura ideológica a los que denomina “sicarios de la mentira” entre los que incluyó a EFE de España, AP y CNN de EEUU, AFP de Francia, Caracol de Colombia y Radio Rivadavia de Argentina.
Otro truco, casi infantil pero efectivo, es presentar una boleta electoral en donde la imagen de Maduro se repite trece veces en un sitio preferente y la de Edmundo Gonzáles solo tres. Otros candidatos de peso político menor como Antonio Ecarri o Luis Martínez figuran seis veces. Tampoco es una elección libre de candidatos. Maduro vulneró los Acuerdos de Barbados que preveían relajar las sanciones a cambio de permitir la presencia de observadores internacionales independientes y un compromiso para a levantar las proscripciones a los candidatos opositores.
Mediante el manejo de la CNE, se impidió a Corina Machado ser electa pese a lograr el 95% de los votos en las elecciones internas y luego se apeló a maniobras igual de ilegítimas para proscribir también a Corina Yoris. Finalmente, el exdiplomático Edmundo González ocupó el lugar.
El repertorio de Maduro para intentar torcer el resultado incluye una apelación a los venezolanos para que eviten un “baño de sangre” votando a los opositores y una amenaza expresa al prometerle a los militares bolivarianos el 6 de julio que no entregará el bastón de a Mando.
Queda por ver cuáles son los motivos para que la oposición esté encabezando las encuestas. Vamos a algunas cifras del resultado del proceso de instalación del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela en 1991 con la llegada de Hugo Chávez. Solo vamos a dar algunos datos objetivos.
En 1999, el año de asunción de Chávez, la inflación anual era del 20%. Para 2003 se había elevado a 31,1% y fue fluctuando entre el 12,5% de 2001 y el 52,2% de 2013. En 2014, ya con Maduro en el poder, subió al 68,5%, en 2015 al 180,9% y al año siguiente al 274%. En 2017 escaló al 862,6% y en 2018 trepó a la estratosfera con 130,060%. En 2018 “bajó” a 9.585,5% y se mantuvo en torno al 3.000% hasta 2020. En 2021 fue de “apenas” 234% y en 2023 del 189%. En ese proceso el Bolívar, la moneda venezolana, perdió 14 ceros, o sea 00000000000000.
Este desastre económico se explica por una desastrosa política petrolera, un sector que genera 95 de cada 100 dólares que recauda el estado. Fue Chávez el que comenzó el desastre al tomar el control de la estatal PDVSA que maneja casi toda la producción de crudo del país.
Chávez politizó la estructura de PDVSA y reemplazo ingenieros y empleados de mayor experiencia por militantes que solo tenían en su haber una lealtad fanática. El resultado fue catastrófico. En 1999 Venezuela producía 2.89 millones de barriles anuales. En 2023, produjo 0,75 millones. Chávez y su sucesor dilapidaron hasta 2018 U$S 975.000 millones de ingresos petroleros generados por una mejora en el precio del crudo. Solo en expropiaciones gastaron U$S 23.000 millones y aumentaron el gasto estatal, que incluyó U$S 15.000 millones en armamento hasta 2017.
La bonanza fue desaprovechada para la modernización. El sistema de energía se volvió obsoleto por la desinversión y frágil a los francotiradores reptilianos. Hoy la población sufre de cortes de varias horas diarias en las zonas urbanas. Es lo que importan de Cuba a cambio de crudo. Venezuela es rica en potencia con reservas de petróleo estimadas de 1,2 billones de barriles, de los cuales 304.000 millones son verificadas. A precio de hoy, la destrucción de PDVSA le impide acceder a recursos por valor de U$S 97.560.000.000. Ese es el valor de la ineficiencia.
Entre 2017 y 2020 el PBI venezolano se contrajo un 75%. Entre 2011 y 2017 las exportaciones pasaron de U$S 92.800 millones a U$S 25.400 millones y el déficit central del 11,6% al 21,2% del PBI. La deuda externa de U$S 28.311 millones en 1999 a U$S 154.000 millones en 2024.
La crisis crónica elevó el índice de desempleo del 12% en 1999 al 35% según el FMI. La industria se redujo al 23% respecto a 1999. La dependencia alimentaria del exterior se duplicó por cesiones de tierras fértiles a grupos políticos y la proliferación de haciendas de funcionarios.
En el año inicial del chavismo en 1999 y según el INE, la pobreza en Venezuela alcanzaba al 48,7% de los venezolanos y había bajado del 54% en 1997. En 2003 subió al 62,1% y bajó al 43,7% en 2005. En 2016, la ENCOVI declaraba una pobreza del 80%. Desde 2015 el chavismo dejó de proporcionar datos de la pobreza, pero los estudios privados indican que al menos el 51,9% de los hogares es pobre en 2023. Si se mide el ingreso en dólares y se establece un límite de ingreso de un dólar diario, el 95% vive bajo la pobreza. Esta cifra se refuerza al considerar que se requieren 166 sueldos mínimos para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. El salario mínimo establecido por el gobierno en 130 bolívares equivale a 3,6 dólares. La diferencia entre el decil más pobre y el más rico es de 35 veces.
El criterio para establecer la línea de pobreza es el ingreso en dólares. Hasta 2019, cuando salió de las mediciones, Venezuela era un país de ingreso mediano-alto. En esa categoría, con un ingreso mensual menor a U$S 5,5 diarios implica ser pobre y U$S 2,5 estar en la extrema pobreza. El 80% de los hogares recibe un bono quincenal de 11 dólares, sujeto a verificación ideológica. El bono es de U$S 39,7 para los empleados públicos, U$S 55,6 para empleados públicos jubilados y a U$S 19,8 para pensionados. Un maestro recibe U$S 11,88 de salario y U$S 27,6 en bonos.
Venezuela está en el puesto 189 en la escala de Doing Business que mide la facilidad para realizar negocios en 190 países y recoge 13 puntos sobre 100 en la escala de Tranparency, lo cual la coloca entre los países más corruptos del mundo junto a Somalia, Siria, Sudan y Yemen. La conjunción de pobreza, instituciones corrompidas y la alianza del chavismo con grupos criminales organizados como el Tren de Aragua convirtieron a Venezuela en uno de los países más inseguro del mundo. La cantidad anual de homicidios creció de 4.550 en 1999 a 24.763 en 2013. Ese aumento del 444% implicó pasar de una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de18 en 1999 a 26,8 en 2023. Esa violencia se vio facilitada por el aumento del narcotráfico y la creación del Cartel de los Soles formada por funcionarios civiles y militares chavistas.
En el año 2000 la ONU estimó que se traficaban por Venezuela media tonelada de drogas, principalmente cocaína colombiana. Hacia 2019 el volumen creció a las 450/500 toneladas de todo tipo de narcóticos. El acercamiento de Chávez con las FARC y el ELN en 2005 facilitó el proceso.
Con estos datos se entiende porque el chavismo provocó un éxodo de 7,7 millones de personas desde el 2000, un número que supera a los 6,5 millones que huyeron de Siria o la misma cantidad generados por la invasión rusa a Ucrania y los 5,8 millones que escaparon de Afganistán. Esos millones que destrozaron el tejido familiar de millones de hogares son suficiente para explicar con un argumento cualitativo, más allá de las encuestas electorales, el motivo de una derrota en las urnas el domingo. Por donde se mire, el chavismo ha causado estragos.
Otros motivos para huir están en la represión bestial. La ONG Provea, documentó entre 2013 y 2023 el asesinato 9.465 personas por razones políticas y que otras 40.351 fueron objeto de arrestos y torturas. En julio de 2024, se registran al menos 300 presos políticos. En el informe de 2023 la Misión Especial de la ONU para Venezuela documentó 122 casos de detenciones arbitrarias y 77 de torturas a manos de la Gestapo local, el SEBIN y su organización aledaña, la DGCIM. Estos casos se suman a los que se tramitan en la Corte Penal Internacional. En 2019, la expresidenta chilena Michelle Bachelet ya informaba de 44 personas asesinadas por la policía durante las manifestaciones opositoras solo durante ese año y heridas por armas de fuego a otras 239. Maduro reaccionó expulsando al Comisionado de la ONU en 2024.
El chavismo tiene el sombrío privilegio de contar con el mayor centro de detención política y torturas latinoamericano en el Helicoide, un edificio de Caracas concebido como centro comercial pero que la dictadura decidió convertir en símbolo ostentoso de su brutalidad.
Mas allá de los resultados del domingo, hay que ver cómo podría sostenerse la dictadura. Sabemos que Maduro y sus cómplices tienen motivos concretos y urgentes para evitar abandonar el poder y el territorio de Venezuela. Ese poder es lo único que los separa de una represalia. Además, no solo estamos hablando de Maduro y centenares de jerarcas como Diosdado Cabello. Hablamos de sus familias y luego de centenares de miles de chavistas que colaboraron durante un cuarto de siglo y que tienen en su haber una cantidad muy nutrida crímenes y abusos.
Los líderes de la dictadura están amenazados por un pedido de captura inminente emitido por la Corte Penal Internacional en el juicio por delitos de lesa humanidad que se tramita en La Haya y que tiene jurisdicción sobre 124 países. No es solo dejar gobierno, es asumirse prófugos.
También EEUU ofrece 15 millones de dólares por la captura de Maduro y su cúpula por sus vínculos con el narcotráfico. La diáspora de 8 millones de venezolanos les anticipa un ambiente hostil en decenas de países. Pero quedarse aferrados al poder tampoco es sencillo. Es cierto que en 2019 y en las elecciones anteriores también habían condiciones similares, pero en aquellos tiempos el régimen chavista contaba con un apoyo externo consistente. EEUU, la UE y Brasil amenazaron con una intervención si no se respeta el resultado del domingo.
Rusia puede hacer poco para alivianar el efecto de un bloqueo exacerbado. China apoyó en el discurso, pero desde que Caracas se convirtió en deudor moroso atenuó el voltaje de su sostén. Irán está enfrascado en su ataque a Israel. Corea del Norte y Nicaragua son un adorno político.
Hay que ser sensatos, no es realista pensar que los oligarcas del chavismo vayan a cambiar sus viajes a Miami por una dacha en Volgogrado o que estén dispuestos a cubrir a sus mujeres y amantes con burkas para mudarse a Irán bajo riesgo de confundirlas en un momento de pasión.
El aislamiento creciente del chavismo necesariamente va a deteriorar el ambiente interno de Venezuela y agudizar aún más las tensiones. Pero, además, al afectar a la región, una intervención podría ampliarse y Venezuela depende del exterior para asuntos tan básicos como el conseguir alimentos. Hagamos números, El 75% de los alimentos que se consumen en Venezuela proceden del exterior. El 95% de sus ingresos provienen de la exportación de hidrocarburos. El segundo ingreso son las remesas enviadas por migrantes e implican U$S 3.000 millones anuales, el 3% de su PBI.
Otros gobiernos de la región con peso suficiente para aportar al aislamiento ya se sumaron a la advertencia. Otra catástrofe migratoria y la instalación de una dictadura con tintes cubanos y norcoreanos a mayor escala es un riesgo para muchos estamentos políticos y económicos. Aunque sea fuerte en lo represivo, el chavismo se sabe más vulnerable. Lo que EEUU no pudo lograr para presionar una salida de la dictadura, fue porque los aliados que ahora se alejan permitieron que las sanciones fueran evadidas. Una coacción más activa, es ahora más probable.
Esa intervención tiene variantes que van desde una apuesta militar a un bloqueo económico al régimen y sus integrantes para vaciar sus recursos en el exterior. O mediante el apoyo a la oposición para que afronte al régimen con herramientas más categóricas, por decirlo sutilmente. O podría darse un bloqueo bancario regional que les impida a los diferentes niveles del chavismo disfrutar de los réditos de su paso por el poder. El bolsillo es el órgano más vulnerable del revolucionario y un billete con Washington más seductor que uno con el rostro de Bolívar.
El chavismo implicó el desvío de entre 300.000 y 500.000 millones de dólares mediante maniobras corruptas, según la iniciativa Recuperación de Activos de Venezuela. En 236 casos investigados, se detectaron robos de recursos públicos por U$S 52.000 millones.
Luego hay que contabilizar más de 1.500 empresas expropiadas de manera irregular, que van desde la siderúrgica Sidor valuada en U$S 800 millones e incautada en 2008, hasta pequeñas empresas y los 3 millones de hectáreas de cultivo despojadas a cambio de compensaciones irrisorias.
Esta vez, a diferencia de otros intentos, como el gobierno paralelo de Guaidó, incluso los más moderados podrían interpretar que ya no quedan salidas políticas. Y un pueblo enervado que siente que no hay soluciones electorales, puede hallar millones de motivos para confrontar.
Es cierto que el régimen chavista tiene el musculo represivo intacto, pero también que se percibe un descontento creciente incluso en las filas policiales y militares, cuya base también está sujeta a las privaciones y a los salarios de dos cifras mensuales en dólares. A la inversa, la represión durante un cuarto de siglo no amedrentó a los que quedan en Venezuela ni impidió el desafío masivo al gobierno durante todo el transcurso de la campaña. Esta chance electoral podría ser una última oportunidad para buscar una salida por la vía política.
Cerremos con el día después de las elecciones. Tras 25 años en el poder, las cuentas pendientes con funcionarios, empresarios y colaboradores de diferentes rangos se fue engrosando. Solo el que retengan el poder impide un proceso de justicia formal o informal. Perder el poder es cesar en la impunidad. Ese es un escenario que el chavismo observa con preocupación real y que le da sentido al pedido de benevolencia de Maduro. Sin un proceso de reversión del chavismo la democracia estará tutelada y con riesgo de regreso de la dictadura.
Un triunfo de la oposición, más allá del resultado anunciado, debe traer a la fuerza un cambio que no fue posible en anteriores turnos electorales. Venezuela es una olla que escaló a niveles de presión nunca vistos. Todos se juegan la supervivencia, solo uno puede prevalecer. Sabemos que la dictadura intentará robarse otra vez las elecciones, pero en esta ocasión por mera conservación. También, que el mismo instinto llevará a la mayoría opositora a un resultado contundente. En algún modo, la elección ya terminó. Solo queda saber quién asume el poder.
PS: es un error asumir una postura periodística aséptica en momentos históricos en los que se juega el destino de gente que ya sufrió demasiado. Si hacerlo es un pecado, más vale ser un condenado que un tibio. Ojalá mañana Venezuela vuelva a ser libre y el chavismo sea derrotado.
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